Las leyes nos protegen y nos indican cuáles obligaciones y garantías tenemos. Otra de sus funciones es la de mostrar cómo se aplicará la justicia en caso de que se haya cometido un delito. Es decir, en las leyes encontramos qué jueces y qué tribunales se ocupan de cierto delito, qué tipo de castigo se puede imponer, cuáles son los derechos de las personas acusadas, etcétera. Estas cuestiones son parte de la administración de justicia, que consiste en vigilar el cumplimiento de las leyes y aplicar sanciones a los infractores.

     En nuestro país existen órganos encargados de procurar y administrar la justicia. El Poder Judicial es el que se encarga de impartir justicia y aplicar la sanción correspondiente a quienes infringen las leyes. Está formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por diversos tipos de tribunales y juzgados. Además de la Suprema Corte, existe un organismo encargado de perseguir los delitos: la Procuraduría General de la República (PGR), que coordina el trabajo del Ministerio Público Federal.

     Nuestra Constitución incluye todas las funciones anteriormente mencionadas, pues sus leyes fueron redactadas con el fin de construir una sociedad justa.

     Los habitantes de un país democrático eligen por medio del voto a sus gobernantes y a sus representantes; en México los representantes populares son los senadores y los diputados. Dichos representantes forman el Poder Legislativo y sus funciones son las de proponer o transformar las leyes que se necesitan. El presidente de la República también tiene la facultad de proponer nuevas leyes y lo hace por medio de un mecanismo que se llama iniciativa de ley.

     Las diputados y senadores estudian y discuten estas propuestas o iniciativas de ley, y si son convenientes y benéficas para la vida ordenada y respetuosa de la sociedad, las aprueban.