CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES DE LOS PODERES DE LA UNIÓN

Poder Legislativo: se integra por las cámaras de Diputados y la de Senadores. Los miembros de ambas cámaras se eligen por el voto directo de la población. Los primeros para un periodo de tres años y los segundos para seis. Las principales funciones de ambas cámaras son: proponer iniciativas de ley, reformar leyes y aprobarlas. Cualquier mexicano que cumpla con los requisitos marcados en los artículos 55, 58 y 59 puede aspirar a ser diputado o senador.

Poder Ejecutivo: está a cargo de una sola persona: el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien se elige a través del voto directo de la población para un periodo de seis años. Cualquier mexicano puede aspirar a ser presidente de la República siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el Artículo 82 constitucional. Algunas de las funciones que desempeña el representante de este poder son:

  • Hacer públicas y llevar a cabo las leyes que expida el Congreso de la Unión.
  • Nombrar y remover libremente a los Secretarios del Gabinete, al Procurador General de la República, a los diplomáticos y a los empleados superiores de hacienda.
  • Nombrar y remover, con la aprobación del Senado, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia; diplomáticos, cónsules generales y a los coroneles y oficiales superiores de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea mexicana.
  • Dirigir negociaciones diplomáticas y establecer relaciones con otros países.

Poder Judicial: se conforma por la Suprema Corte de Justicia, Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Colegiados en materia de amparo y Unitarios en materia de apelación.

Los miembros de la Suprema Corte son nombrados por el Presidente de la República y se encargan de nombrar al resto de los integrantes.

Los mexicanos que deseen ser parte de la Suprema Corte de Justicia necesitan cumplir con los requisitos que marca el Artículo 95 constitucional y sujetarse al contenido de los artículos 96 y 97. De forma general, algunas de sus funciones son: resolver todas las disputas o debates que surjan por:

  • Leyes o actos de las autoridades que violen las garantías individuales.
  • Leyes o actos de las autoridades federales que lesionen o restrinjan la soberanía de los estados.
  • Leyes o actos de las autoridades que invadan el terreno de la autoridad federal.

A diferencia de los poderes Legislativo y Ejecutivo, los miembros del Poder Judicial no son electos por medio del voto directo. Su nombramiento depende de la decisión del titular del Poder Ejecutivo, la aprobación del Senado y la determinación de los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

LA FEDERACIÓN

Haz click para ampliar la imagen.México es una república representativa, democrática y federal integrada por la unión de estados libres y soberanos. Las entidades federativas que integran la Federación forman parte del territorio nacional, de ahí que el nombre oficial del país sea Estados Unidos Mexicanos.

Las partes que integran el territorio de México reciben el nombre de estados (entidades o entidades federativas) porque tienen:

  • Territorio bien delimitado.
  • Población que comparte costumbres, tradiciones, historia y cultura.
  • Gobierno que representa a esa población y que es electo mediante el voto directo.

Los límites territoriales estatales se dieron a conocer por primera vez en 1824, pero con el paso del tiempo éstos se han modificado a través de la celebración de diferentes convenios.

De acuerdo con el Artículo 40 constitucional, se dice que las entidades son:

  • Libres porque de forma voluntaria acordaron unirse en una Federación y reconocer a un gobierno único para resolver los asuntos de interés nacional.
  • Soberanos porque dentro de su territorio, su población está representada a través del gobierno, caracterizado por ser republicano, representativo y popular.

Al igual que en la Federación, la soberanía estatal se ejerce a través de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

  • Poder Legislativo: representado por un número determinado de diputados que forman el Congreso Local. Los mexicanos que aspiren ser diputados locales deberán cumplir con los requisitos que marca la Constitución de su entidad y la nacional, y ser electos a través del voto directo de la población para un periodo de tres años.
  • Poder Ejecutivo: personificado por el gobernador de cada estado. Para ser gobernador se deben cubrir los requisitos que marca la Constitución y ser electo a través del voto directo de la población para un periodo de seis años.
  • Poder Judicial: integrada por los miembros del Tribunal Superior de Justicia y jueces de primera instancia. Sus miembros son nombrados de acuerdo con las leyes establecidas en cada entidad.

Todos los estados de la Federación tienen derecho a poseer su propia Constitución (con excepción del Distrito Federal), proponer y aprobar leyes que ayuden a mejorar la calidad de vida de sus habitantes y a resolver los conflictos que se presenten al interior de su territorio.

El municipio

Con el paso del tiempo y como resultado de luchas y guerras intestinas, la forma de organización social y política de la Nación se ha modificado, en gran medida, con el fin de que cada entidad resuelva de forma eficiente y expedita los asuntos de su población.

Un ejemplo claro de esto se observa en el contenido del Artículo 115 constitucional, aprobado por el Congreso Constituyente en 1917. En dicho Artículo quedó establecido que el municipio libre era la base de la organización estatal; por ello todos –a excepción del Distrito Federal–, están divididos en municipios libres y autónomos.

Antes de que se aprobara la Constitución, los procesos para resolver las necesidades y problemas dentro de cada entidad eran lentos. Por ello, una de las ventajas de la organización municipal es que permite a las poblaciones administrarse y resolver sus asuntos de manera autónoma, respetando lo que establece la Ley Orgánica Municipal.

Para administrarse, los municipios cuentan con el Ayuntamiento, integrado por un presidente municipal, síndicos y regidores electos por el voto directo de la población.

Ahora bien, se considera que los municipios son libres y autónomos porque, entre otras cosas, pueden disponer y administrar libremente sus recursos, elaborar y poner en práctica reglamentos y llevar a cabo convenios con otros municipios o con el gobierno del estado.

LA AUTORIDAD

Cuando una persona elige a sus representantes, no sólo les da su voto, sino también cierto poder para elaborar leyes, aprobarlas, llevarlas a la práctica e impartir justicia. En pocas palabras, les da autoridad para gobernar, ya sea a su municipio, a su estado o a la Federación.

Cuando alguna ciudadana o ciudadano resulta electo, adquiere —además de autoridad para gobernar —, la obligación de desempeñar sus funciones en beneficio de toda la sociedad, según lo manda la ley.

Debido a la importante tarea de los representantes y, en general, de todos los trabajadores que sirven a la sociedad, en la Constitución existen artículos del 108 al 114 en los que se especifican sus responsabilidades.

Conforme con el Artículo 108, se consideran servidores públicos a:

  • Los representantes de elección popular
  • Los miembros de los poderes Judicial Federal y Judicial del Distrito Federal
  • Los funcionarios o empleados
  • Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal

Además de los artículos 108 al 114, existe una Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las leyes constitucionales de cada estado y sus códigos penales.

Para exigir a los servidores públicos que cumplan adecuadamente con sus deberes, primero se deben conocer las obligaciones y responsabilidades de los mismos, de esta manera se podrá identificar cuándo o por qué no está cumpliendo con sus funciones; después, conocer la forma en que la ley protege a los ciudadanos de esas irregularidades.

Desviaciones y abusos. Recursos de la autoridad

Es común escuchar que tal o cual servidor público se ha enriquecido de manera inapropiada (ilícita); que ha ejercido de manera indebida su función, ha abusado de su autoridad o que ha pedido algo a cambio del trabajo que debe realizar.

El Artículo 109 de la Carta Magna establece los tipos de responsabilidad por actos u omisiones de los servidores públicos y las sanciones a quienes incurran en lo que a continuación se señala:

  • Fracción I. Establece el juicio político o la aplicación del Artículo 110 constitucional a los servidores que por actos u omisiones afecten los intereses públicos fundamentales (estos pueden ser la seguridad y los derechos humanos).
  • Fracción II. Establece que se sancionará según la legislación penal a cualquier servidor público que cometa delitos.
  • Fracción III. Establece la aplicación de sanciones administrativas a los servidores públicos que por sus actos u omisiones afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia del desempeño de su cargo o empleo.

Además de lo que marca la Carta Magna, el Artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que:

Es procedente el juicio político cuando por los actos u omisiones de los servidores públicos se perjudiquen los intereses públicos fundamentales o su buen cumplimiento. Lo anterior sucede por:

I. El ataque a las instituciones democráticas.

II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y federal.

III. Las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales o sociales.

IV. El ataque a la libertad de sufragio.

V. La usurpación de atribuciones.

VI. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones.

VII. Las omisiones de carácter grave en los términos de la fracción anterior.

VIII. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal o del Distrito Federal y a las leyes que determinan el manejo de los recursos económicos federales y del Distrito Federal.

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

Ahora bien, de acuerdo con el Artículo 3°, las autoridades competentes para aplicar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos serán:

I. Las Cámaras de Senadores y Diputados al Congreso de la Unión.

I bis. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

II. La Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

III. Las dependencias del Ejecutivo Federal.

IV. El órgano ejecutivo local del Distrito Federal.

V. La Suprema Corte de Justicia de la Nación.

VI. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

VII. El Tribunal Fiscal de la Federación.

VIII. Los Tribunales de trabajo, en los términos de la legislación respectiva.

IX. Los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes.

Algunos de los actos u omisiones que los códigos penales consideran como delito de un servidor público son:

  • Ejercicio indebido del servicio público: cuando practican sus funciones sin que haya tomado posesión legítima de su cargo o cuando ya haya sido retirado del cargo.
  • Abuso de autoridad: cuando se hace uso de la violencia o la fuerza sin justificación legal.
  • Intimidación: cuando se hace uso de la violencia física, moral o se atemoriza a alguien para evitar que denuncie algún delito.
  • Tráfico de influencias: cuando se usa el puesto o el de alguna persona cercana a él para realizar gestiones o resolver trámites ilícitos.
  • Enriquecimiento ilícito: cuando se aumenta la fortuna personal sin justificar de dónde proceden los bienes o cuando se apropian de los bienes públicos.

Es importante mencionar que según el Artículo 109 constitucional queda establecido que cualquier ciudadano que bajo su responsabilidad presente pruebas, podrá denunciar a los servidores públicos que cometan delitos.

El presidente de la República Mexicana es el único servidor público al que sólo puede acusarse de traición a la patria y por delitos graves del orden común.

Para denunciar faltas o delitos cometidos por servidores públicos, se puede recurrir a:

  • La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión
  • La Cámara de Diputados del Congreso local
  • El Ministerio Público
  • La Comisión Nacional de Derechos Humanos
  • Las Comisiones Estatales de Derechos Humanos
  • Amnistía Internacional

Cuando la sociedad es víctima de delitos por parte de las autoridades —federales, estatales o municipales—, crece la desconfianza y disminuye la credibilidad de los gobiernos; los cuales fueron electos para mejorar las relaciones sociales, el nivel de vida y para la seguridad de la población.

 

 

 

 

 

 

contenido: poderes de la union federacion camara de diputados camara de senadores